La traza tiene 83 kilómetros proyectados, pero todavía quedan unos 30 kilómetros sin completar.
La Justicia Federal ordenó al Gobierno nacional realizar tareas de mantenimiento y seguridad en los tramos inconclusos de la Autopista Presidente Perón, una obra vial que lleva 15 años de demoras y que permanece paralizada desde diciembre de 2023. La medida cautelar también exige a Vialidad Nacional presentar un informe sobre los avances de las tareas en un plazo de 15 días.
La resolución fue dictada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, que hizo lugar parcialmente a un pedido presentado por el gobierno bonaerense. Entre las medidas dispuestas, el fallo exige mantener y reforzar los cierres, la señalización y la prevención para impedir el acceso peatonal o vehicular no autorizado a los sectores que todavía no fueron habilitados, entre los que se encuentra el tramo que va desde Guernica hacia Florencio Varela.
Además, ordena verificar el estado de los sistemas de contención, como guardarraíles y defensas, e intervenir para reparar o reponer los elementos que presenten deficiencias. La decisión apunta a reducir los riesgos para los conductores en una traza que presenta sectores sin señalización adecuada, divisores incompletos y otros problemas derivados de la falta de mantenimiento.
Sin embargo, la Justicia rechazó otros puntos del reclamo provincial, como la ejecución de obras generales de iluminación, bacheo masivo y desvíos alternativos, al considerar que no correspondía establecer órdenes genéricas para toda la autopista. La Provincia había solicitado que Nación retomara los trabajos y avanzara con la finalización del corredor.
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La Autopista Presidente Perón fue proyectada como un tercer anillo de circunvalación del Área Metropolitana de Buenos Aires, con el objetivo de conectar el norte, el oeste y el sur del conurbano y descomprimir el tránsito en corredores como el Camino de Cintura y la Ruta Provincial 6.
La traza completa contempla 83 kilómetros entre el Camino del Buen Ayre y la Autovía 2, en la zona de El Pato, partido de Berazategui. Hasta el momento, hay aproximadamente 52 kilómetros habilitados y restan completar alrededor de 30 kilómetros. El último avance importante se registró en diciembre de 2023, cuando se habilitó un tramo de 10 kilómetros.
Los primeros movimientos de suelo comenzaron en 2010. Desde entonces, la obra atravesó las gestiones de cuatro presidentes y tres gobernadores bonaerenses, sin que se lograra completar el proyecto. La paralización dejó sectores con distintos grados de avance, maquinaria detenida y estructuras que se deterioran por la falta de mantenimiento.
El corredor atraviesa 12 municipios del conurbano: San Isidro, General San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui. Su finalización permitiría mejorar la conexión entre distintos puntos del Gran Buenos Aires y facilitar el acceso a parques industriales y otros corredores viales.
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Ante la falta de avances, el gobierno de Axel Kicillof había solicitado a la administración nacional el traspaso de la jurisdicción de la autopista para que la Provincia pudiera hacerse cargo de las obras pendientes. El pedido fue enviado por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, pero, según informó el funcionario provincial, no obtuvo respuesta.
Tras la resolución judicial, Katopodis sostuvo que la medida representa un avance para intentar que Nación transfiera las obras paralizadas o permita que la Provincia las termine. También cuestionó la falta de inversión nacional en el corredor.
Con la medida cautelar, Vialidad Nacional deberá avanzar con las tareas de reparación y mantenimiento ordenadas por el juzgado y comunicar los progresos dentro del plazo establecido. Mientras tanto, la finalización de los kilómetros pendientes continúa sin una fecha confirmada.

