Según la entidad, desde este mes de octubre rige un nuevo ajuste que oscila entre el 9% y el 23% para la Autopista Buenos Aires – La Plata, el Sistema Vial Integrado del Atlántico (Rutas 2, 11 y conexas) y la Ruta Provincial N° 6. Desde el CONADUV calificaron esta medida como «ilegal, abusiva e inapropiada», y advirtieron que no responde a mejoras en la infraestructura, sino al objetivo de sostener a la empresa concesionaria estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA).
Para evidenciar el impacto del incremento, el informe del CONADUV compara el costo por kilómetro en hora pico entre los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Autopista Buenos Aires – La Plata:
La brecha resulta aún más notoria en los vehículos pesados. En el segmento de camiones de más de 6 ejes en hora pico, la tarifa por kilómetro en el Acceso Norte asciende a $92, mientras que en la Autopista Buenos Aires – La Plata alcanza los $671 ($38.902 por tramo).
El organismo realizó un cálculo sobre el gasto anual que representa el pago de peajes para trabajadores y transportistas que realizan trayectos frecuentes (asumiendo 20 días de viaje ida y vuelta por mes):
Desde la organización advirtieron que la suba del peaje impacta directamente en la estructura de costos del transporte de cargas y se traslada en forma inmediata a los precios finales de bienes y servicios.
Asimismo, señalaron que la recaudación de AUBASA no se traduce en obras de mantenimiento o mejoras sustanciales en los caminos, sino que se destina principalmente a cubrir el gasto operativo y el déficit de la propia empresa estatal, a la que consideran «innecesaria, burocrática y costosa».
Finalmente, el CONADUV reiteró la urgente necesidad de crear un Marco Regulatorio y un Ente Regulador que garantice la participación de los usuarios directos e indirectos. Remarcaron que este reclamo histórico no ha sido escuchado ni por el Poder Ejecutivo Provincial, ni por la Legislatura ni por la Defensoría del Pueblo bonaerense, dejando a los automovilistas desprotegidos ante lo que califican como un «falso peaje inconstitucional».