La disputa por el control de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación dejó definiciones políticas contundentes. En una votación nacional donde se renovaban las cuatro sillas del estamento de la abogacía para el período 2026–2030, la estructura impulsada por Daniel Angelici y Ricardo Gil Lavedra se adjudicó el primer lugar, al tiempo que el espacio libertario sufrió una dura derrota en su intento por hacer pie en el sistema judicial federal.
Con el conteo en más del 95% de las mesas escrutadas en todo el país, el sistema D’Hondt con criterio de paridad y cupo federal determinó la entrada de cuatro consejeros directos (dos hombres y dos mujeres), sin necesidad de aplicar correcciones de género posteriores:
Lista 3 – Unidad en Defensa de la Abogacía (34%): Ingresan Alberto «Nacho» Biglieri y Claudia Ester Sarmiento. La lista articulada por el Radicalismo de CABA, el angelicismo y el Colegio Público de la Capital Federal festejó una victoria clave que reafirma su peso territorial.
Lista 4 – Abogacía Unida y Dignidad Profesional (31,3%): Logra una banca la cordobesa Amalia Itatí Demarchi Arballo, respaldada por el armado de Juan Manuel Olmos y referentes independientes. Pese a sumar un lugar, el histórico dirigente del Colegio de CABA, Jorge Rizzo, quedó fuera del reparto.
Lista 1 – Abogacía Federal (27%): Salva un consejero con la entrada del platense Fernando Pablo Levene, en un esquema que contó con el respaldo político de Diego Molea, el senador provincial bonaerense Maximiliano Abad y gobernadores como Martín Llaryora.
Lista 2 – Abogados por la Libertad (7,6%): La nómina encabezada por Luis Palomino quedó en el último puesto y sin representación.
El dato político saliente de la contienda fue la estrepitosa caída de la propuesta oficialista. Armada por Sebastián Pareja —el principal operador de Karina Milei en la Provincia de Buenos Aires—, la nómina de Abogados por la Libertad no logró perforar el piso necesario para aspirar a una banca.
El resultado reflejó que, a diferencia de los procesos electorales ejecutivos y legislativos, en el ámbito institucional del Poder Judicial la sola marca del oficialismo nacional resulta insuficiente frente a las estructuras gremiales abogatiles históricas y las redes universitarias afianzadas.
Con este mapa definido, el Consejo de la Magistratura mantendrá una composición de la abogacía fuertemente fragmentada pero con el sello del radicalismo porteño a la cabeza, garantizando una posición preponderante en la negociación de ternas y el funcionamiento del tribunal de disciplina judicial.