Claves
- El debate sobre la seguridad vial y el funcionamiento de las fotomultas en las rutas bonaerenses sumó un capítulo clave en la Legislatura provincial.
- Además, pedimos la anulación de las foto-multas que se hayan labrado y no fueran abonadas por el actual sistema».
- A lo largo de la entrevista, el diputado enfatizó que la finalidad original de los cinemómetros debe ser la reducción de la siniestralidad vial y no la generación de ingresos fiscales o corporativos.
El debate sobre la seguridad vial y el funcionamiento de las fotomultas en las rutas bonaerenses sumó un capítulo clave en la Legislatura provincial. En diálogo con Sin Retorno Streaming, el diputado provincial de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, cuestionó con dureza el esquema actual de controles de velocidad y remarcó la necesidad de fijar un plazo límite para su reorganización.
«Si sale sancionado este proyecto lo que queremos es obligar al gobernador Axel Kicillof a que ordene, en el plazo de 90 días, todo el sistema de radares que emiten las fotomultas en toda la provincia de Buenos Aires», señaló el legislador. Según explicó De Leo, la iniciativa busca adecuar los dispositivos a la legislación nacional vigente y dejar sin efecto los cobros pendientes que se originaron de forma irregular: «La idea es que los radares funcionen conforme a la Ley nacional de tránsito.
Además, pedimos la anulación de las foto-multas que se hayan labrado y no fueran abonadas por el actual sistema». A lo largo de la entrevista, el diputado enfatizó que la finalidad original de los cinemómetros debe ser la reducción de la siniestralidad vial y no la generación de ingresos fiscales o corporativos. «Lo que establece la ley nacional de tránsito es muy claro: los radares no están para recaudar, están para prevenir accidentes.
Deben estar ubicados en lugares dónde la casuística de accidentes sea alta», afirmó De Leo, agregando que «no puede estar en cualquier lugar, al solo efecto de recaudar una multa». En ese sentido, denunció la falta de visibilidad y el esquema comercial detrás de las inspecciones en la provincia: «Está claro que las infracciones que son labradas en las actuales condiciones son nulas de nulidad absoluta.
Ocurre que hay un claro fin recaudatorio, en muchos casos a través de empresas tercerizadas, con lo cual ahí también hay un negocio bastante importante». «Los radares son unas trampas mortales donde uno no tiene en claro, muchas veces, dónde están», acotó, al tiempo que sintetizó: «Está claro que todo el sistema de radarización, que tenemos en gran parte de la Argentina y específicamente en la provincia de Buenos Aires, está hecho para recaudar».
El proyecto impulsado por la Coalición Cívica establece pautas operativas concretas para garantizar el derecho a la información de los automovilistas antes de la emisión de cualquier sanción: Señalización previa en ruta: «Una cuestión importante es que deben estar debidamente señalizados. Unos 500 metros antes debe avisarse en la ruta que hay un radar». Información pública y accesible: «Que estén debidamente informados. Que un conductor a través de una web oficial sepa dónde están ubicados los radares».
Para respaldar la viabilidad de la propuesta, De Leo citó antecedentes normativos similares aplicados en otras jurisdicciones del país: «En Río Negro se aprobó una propuesta similar y el dato es que cayeron la cantidad de multas, pero no subieron los accidentes», concluyó.