Claves
- El contrato que acompaña la privatización de AySA fija para 2031 una cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas.
- Dicho al revés: casi uno de cada cuatro habitantes del área concesionada queda fuera de la meta de agua, y más de uno de cada tres, de la de cloacas.
- El dato está en el Anexo I del modelo contractual aprobado.
El contrato que acompaña la privatización de AySA fija para 2031 una cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas. Dicho al revés: casi uno de cada cuatro habitantes del área concesionada queda fuera de la meta de agua, y más de uno de cada tres, de la de cloacas. El dato está en el Anexo I del modelo contractual aprobado. La exigencia para ese año no es llevar ambos servicios a todos. Ese es el alcance de la cobertura exigida para el primer ciclo de cinco años.
La crítica se refiere al alcance de la obligación contractual. Los porcentajes efectivos que se alcancen deberán medirse al terminar el período. Lee también: El Ministerio de Economía abrió el 8 de octubre las ofertas por el 90% estatal de AySA. El consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX ofreció US$340,2 millones, frente a los US$285 millones del grupo Roggio. La diferencia fue de US$55,2 millones.
El 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada, según el comunicado oficial. Rowing encabeza el proceso por haber presentado la propuesta económica más alta. La apertura de sobres todavía requiere la evaluación final y la adjudicación definitiva, una instancia pendiente señalada por Smart Water Magazine el 9 de octubre. La transferencia del paquete estatal también requiere completar la compraventa de acciones.
El contrato de concesión es otro instrumento: ya se había perfeccionado el 7 de mayo, como consta en la Resolución 30/2026 del ERAS. La concesión comprende la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses. Es una noticia de escala metropolitana, aunque ese territorio no coincide con todo el AMBA. En sus datos correspondientes a 2024, AySA informa 15.228.521 habitantes en el área concesionada, 11.473.228 abastecidos con agua y 9.664.009 con cloacas.
Registra, además, 3.869.947 usuarios: esa cifra no equivale al número de habitantes. Los números muestran que la cobertura de los dos servicios es distinta. Para entender qué se exige al futuro operador, hay que mirar cada meta por separado. Para 2031, el complemento de la cobertura exigida es del 24,7% en agua y del 36,1% en cloacas. La cuenta es simple: 100 menos 75,3 y 100 menos 63,9. La universalización no es la exigencia de ese primer período.
Al finalizar los 30 años iniciales, los pisos previstos son del 90% en agua y del 75% en cloacas. El horizonte de universalización incorpora la eventual prórroga adicional de diez años. Durante el primer ciclo, de 2027 a 2031, no habrá una revisión tarifaria ordinaria que redefina el nivel real de la tarifa. La factura sí podrá actualizarse nominalmente mediante el coeficiente ligado a costos. El contrato también contempla revisiones extraordinarias bajo causales específicas.
El incentivo por calidad, conocido como Factor C, empieza en el segundo ciclo, a partir de 2032. Puede generar aumentos o reducciones en términos reales según el desempeño de la concesionaria. La revisión ordinaria formal para el ciclo siguiente comienza en marzo de 2031. Estas reglas están en las cláusulas 2.4, 9.17 y 10.2 a 10.4 del contrato. La tarifa social continuará, según explicó el presidente de AySA, Alejo Maxit, en declaraciones publicadas por Infobae el 15 de septiembre.
En esa presentación habló de unos 160.000 usuarios alcanzados por el beneficio. El ERAS aprobó el Plan de Acción 2027-2031 el 20 de agosto. La resolución se publicó en el Boletín Oficial el 21 de ese mes. Economía informó un programa de $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. El desglose contempla alrededor de $1,13 billones en obras, $1,15 billones en mantenimiento, $315.761 millones en mejoras y $296.166 millones en operación. El futuro operador deberá ejecutar las obligaciones de la concesión.
La adjudicación del paquete accionario y el cumplimiento posterior de obras, inversiones y cobertura son etapas distintas del proceso. Para justificar la privatización, Economía sostuvo que entre 2006 y 2023 AySA recibió más de US$13.400 millones del Tesoro nacional. El mismo comunicado indicó un 42% de agua no contabilizada, una suba de la morosidad del 4% al 16% y un aumento del 80% en los costos operativos. Son las cifras del diagnóstico oficial.
El Gobierno también afirmó que un tercio del área concesionada sigue sin acceso a agua potable y cloacas. Rowing está vinculada al empresario Walter Román y desarrolla actividades de ingeniería e infraestructura. Transclor pertenece a Mauricio Filiberti y provee insumos para potabilización. Filiberti también participa del grupo que controla Edenor junto con José Luis Manzano y Daniel Vila. Arcos Saneamento e Participações, del Grupo Equipav, figura como operador técnico brasileño. PHX Aqua AR B.V.
completa el consorcio. La composición fue informada por Noticias Argentinas y por Infobae durante el proceso licitatorio. Maxit explicó en septiembre que no existe un compromiso contractual de mantener la dotación actual, aunque continúan vigentes los compromisos laborales previos de la empresa. En esa presentación informó que la planta había pasado de unos 7.700 a 5.890 empleados durante la reestructuración anterior a la venta. El ERAS mantiene su función reguladora.
La concesión tiene una duración de 30 años, con posibilidad de prórroga por otros diez. El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, pidió que ABSA participara de la licitación y planteó su preocupación por la expansión de las redes. La posición difundida por el municipio en agosto sostiene que los primeros diez años priorizarían el mantenimiento y que la universalización no estaría contemplada en los 30 años iniciales.
Gray reclamó garantías para que se realicen las obras necesarias para ampliar la cobertura. El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, también llevó a la Justicia reclamos por las obligaciones de servicio y obras de AySA. Los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich y las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Cuestionan la falta de acceso a la documentación de las tasaciones utilizadas en las privatizaciones.
La presentación señala a Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, al presidente del Tribunal de Tasaciones, Julio Villamonte, y a las autoridades del BICE. Los legisladores hablan de tasaciones secretas y sostienen que la Comisión Bicameral no recibió la información necesaria para ejercer su control, según iProfesional. Se trata de acusaciones de los denunciantes.
La presentación pide que se investigue el procedimiento y puede sumar cuestionamientos a una operación que todavía debe completar sus etapas formales. Los reclamos técnicos y comerciales siguen por los canales de AySA. Guardá el número de cada gestión, la fecha y los comprobantes para poder hacer seguimiento. Para los habitantes que todavía esperan agua o cloacas, la discusión sigue siendo concreta: qué obras se harán, dónde y en qué plazos.
Las metas de 2031 muestran que llevar ambos servicios a toda la población no está exigido para el primer ciclo.